El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal y la Constitución Política para el Estado con el objeto de establecer tanto el perfil con el que deba contar la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública como la forma de elección para dicho cargo.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el congresista Gerardo Fernández González comentó que la violencia en el estado de Guanajuato es reconocida, ya que cuenta con una tasa delictiva muy superior a la media nacional.
Asimismo, mencionó que tan solo en 2023 se contabilizaron 3,104 homicidios dolosos en la entidad según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Datos que, dijo, son muestra clara de que hace falta un cambio contundente en la forma en que se administra y se proporciona la seguridad en la entidad.
Afirmó que, la Constitución Política local establece como responsable suprema a la persona gobernadora tanto de la seguridad pública como de las instituciones policiales, era fundamental destacar el papel de quien encabeza la Secretaría de Seguridad Pública, ya que su actuar es esencial al ser el órgano que, de manera directa vela por la protección de los habitantes del Estado y previene la comisión de los delitos.
Fernández González remarcó que dicha función es una de las más altas responsabilidades en el sistema de gobierno, ya que no solo es el encargado de preservar la tranquilidad y guardar el orden, sino que también representa la obligación de impulsar la coordinación en la actuación de las instancias encargadas de la seguridad pública municipal y estatal; así como tener la coordinación eficiente con las todas instancias en materia de seguridad pública del Estado.
El diputado subrayó que quien ostente la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública debe ser una persona que cuente con la profesionalización, la preparación y las credenciales suficientes para desempeñar esas funciones.
“Nuestro estado está pasando por un momento extraordinario de crecimiento, desarrollo y violencia que nos obliga a tomar las medidas necesarias para que quien llegue a este cargo, pueda desempeñarlo con toda probidad, estricto apego a los derechos humanos y con el conocimiento para afrontar los retos que de este se desprenden (…).
También es fundamental que la persona que ocupe dicho cargo no sea una imposición política o el pago de un favor, sino una persona con las cualidades y la trayectoria necesaria para salvaguardar el interés común de seguridad de las y los guanajuatenses”, finalizó.
La parte correspondiente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones; mientras que lo relativo a la Constitución Política local se remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.