La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables discutió y aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato para modificar su nombre y fortalecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Los asistentes cuestionaron si las iniciativas se traducirán a su lengua materna; manifestaron que se ven incorporadas las principales observaciones que se hizo desde la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; y que las atribuciones para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deben estar conferidas a la Secretaría de Derechos Humanos ; que se visualice aún más a la comunidad afromexicana.
También comentaron que diversas autoridades electas, a través de la normatividad jurídica al interior de las comunidades indígenas o afromexicanas, quedan en desequilibrio al no tener una garantía de perspectiva de género y al verse discriminación a mujeres por parte de autoridades con algún cargo público; que se tome en cuenta la problemática que atraviesan las escuelas de las comunidades indígenas y afromexicanas al no contar con maestros bilingües; y que se tengan mecanismos para que otras culturas no se apropien de su patrimonio.
Al hacer uso de la voz, el diputado José Salvador Tovar Vargas reservó dos artículos; la primera reserva corresponde a la fracción XV del artículo 6 del proyecto de dictamen, para que diga: “XV. Secretaría: la Secretaría de Derechos Humanos”; y la segunda reserva es en la fracción I del artículo 64, para que diga: “I. La persona titular de la Secretaría de Derechos Humanos, quien asumirá la presidencia”. Las reservas fueron aprobadas.
En su intervención, el legislador Jesús Hernández Hernández destacó el alcance de la propuesta que se centra en la incorporación de las personas afromexicanas al Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas; y su integración al Sistema para el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato.
Por su parte, la congresista Miriam Reyes Carmona pidió que se decretara un receso con la finalidad de poder dar atención a las aportaciones vertidas en la mesa, por la importancia y relevancia en el tema. La propuesta fue aprobada.
Asimismo, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia externó que es necesario adecuar la legislación local que permita reconocer y proteger los derechos del sector, al igual que se tiene que dar herramientas jurídicas para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como subsanar las posibles lagunas que puedan existir en la normativa.
Finalmente, la legisladora Plásida Calzada Velázquez precisó que el dictamen aprobado será difundido por el micrositio de la consulta, además de que se estará trabajando para recabar en una iniciativa posterior las observaciones vertidas en el análisis y así cumplir con el objetivo de avanzar en un marco jurídico inclusivo y justo para todas las personas de Guanajuato.
En otros temas, se aprobó la realización de una mesa de trabajo interna para dar seguimiento a la dictaminación de las dos iniciativas de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato; la primera, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad el derecho a recibir un apoyo económico permanente a fin de garantizar su inclusión efectiva; la segunda, para reconocer y garantizar el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico.
Al emitir comentarios, la congresista Ana María Esquivel Arrona mencionó que resulta pertinente considerar el informe sobre la consulta de personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, que reflejan las opiniones recabadas que no alcanzaron un acuerdo común por las dudas que surgieron respecto al apoyo económico y también se manifestaron personas apoyo a la propuesto, por ello se solicitó que se realizaran mesas internas de trabajo. La propuesta fue aprobada.
En su intervención, el diputado David Martínez Mendizábal comentó que en la entidad con 2 mil millones de pesos se alcanza la cobertura universal para las personas con discapacidad, toda vez que el año pasado se tuvo un sobrante de 8 a 9 mil millones de pesos, por lo que existe recurso para dicha cobertura y así hacer que se cumpla lo establecido en la propuesta.
Asimismo, la legisladora Plásida Calzada Velázquez indicó que ya se cuenta con los elementos suficientes para estar a favor de un dictamen en sentido positivo, pues de lo contrario se estarían omitiendo todas aquellas participaciones que hubo ya en los procesos de consulta con las personas con discapacidad.
Finalmente, se aprobó la metodología para el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a fin de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a pertenecer y vivir en familia mediante una adopción plena.
Se acordó pedir opinión a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y al Instituto de Investigaciones Legislativas.
De igual forma, se subirá la propuesta a la página web del Congreso del Estado de Guanajuato para consulta y participación ciudadana; se realizará una consulta a niñas, niños y adolescentes, junto a una mesa de trabajo con las autoridades mencionadas.
En asuntos generales, la diputada Ana María Esquivel Arrona mencionó que los procesos de consulta son mecanismos esenciales para construir justicia, equidad y respeto al ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afromexicanas; y el congresista Jesús Hernández Hernández refirió que el próximo 12 de septiembre se conmemora el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad en México, que recuerda la importancia de visibilizar las múltiples barreras que enfrentan millones de mexicanas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plácida Calzada Velázquez, Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona; y los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas.
También se contó con la participación de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y del diputado David Martínez Mendizábal. Así como de personas representantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; del Ayuntamiento de San Luis de la Paz; de la Secretaría de Derechos Humanos; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
