Convocada por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato para establecer las causas de revocación de la autorización de quienes presten servicios de seguridad privada, a fin de otorgar certeza jurídica a las personas físicas o morales que prestan el citado servicio.
Gustavo Bravo, asesor del grupo parlamentario del PRI, comentó que se busca incorporar las causas para revocar la autorización, entre ellas en los casos en que se le haya impuesto más de una suspensión de actividades; incorporar personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza por la autoridad competente; se acredite que, para la obtención de la autorización, en el trámite y en las revisiones otorgue a la autoridad documentación o información falsa; negativa a la práctica de la revisión debidamente notificada; se utilicen los vehículos, personal y demás recursos materiales con insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de delito.
De igual manera, cuando se localicen en inspecciones o aseguren por las autoridades armas no autorizadas, registradas o de exclusivo del ejército al personal de la institución de seguridad privada; se utilicen recursos de procedencia ilícita para el funcionamiento de la función auxiliar de seguridad privada; y el personal utilizado para la prestación del servicio, participe en la desaparición forzada de personas.
Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica consideró que no era viable en atención a que el tratamiento normativo es aislado y no se contempló lo establecido en la Ley de Seguridad Privada del Estado.
De manera general se comentó que la iniciativa contempla aspectos relevantes como la puntualización de las causales; que se refuercen todas las áreas en materia de seguridad, ya que la seguridad privada es auxiliar; que se considere la realidad con lo que se refleja en la norma; en cuanto a revocar por no tener la prueba de control y confianza se dijo que no se cuenta con la capacidad, que no se evalúa pronto ni dan los resultados a tiempo; entre otros aspectos.
Finalmente, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez solicitó enviaran las propuestas y comentarios vertidos, los cuales se analizarían para revisar los aspectos que se puedan atender.
Los trabajos estuvieron encabezados por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez. Acompañado por Francisco Javier Cruz Rosas y Fernando Antonio Azuara Álvarez de la Secretaría de Seguridad y Paz; Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica; Alejandra Ramírez y Leticia Patino del ayuntamiento de León; José Luis Fortanel Valtierra director genera de Seguridad Privada CUPAC, Irapuato; Isaías Arévalo Rangel del Tribunal de Justicia Administrativa; y Anuar Bujaidar de Limbipro, empresa de Seguridad Privada; así como asesores parlamentarios.
