El Congreso del Estado de Guanajuato modificó las reglas constitucionales de la entidad al aprobar por unanimidad una amplia reforma que toca temas centrales del poder público: justicia, seguridad, elección de jueces y magistrados, combate a la corrupción, soberanía nacional y protección ambiental.
El cambio coloca a la extorsión entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, junto con conductas como feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo a casa habitación, uso indebido de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y delitos relacionados con desapariciones.
Pero el alcance político de la reforma va más allá del catálogo de delitos. El Congreso rediseñó las reglas para la integración del Poder Judicial estatal y modificó de fondo el mecanismo mediante el cual se evaluarán, postularán y elegirán las próximas personas juzgadoras.
Uno de los puntos centrales es la creación de una Comisión Coordinadora que reunirá a las personas responsables de los Comités de Evaluación de los tres poderes del Estado. Esta instancia tendrá facultades para verificar requisitos, definir metodologías y establecer exámenes homologados, mientras que los comités seleccionarán a las personas mejor evaluadas bajo criterios comunes.
La reforma también reduce el universo de aspirantes que avanzarán en el proceso: de seis personas inicialmente contempladas se pasa a cuatro mejor evaluadas y posteriormente a dos por cargo mediante insaculación. La paridad de género deberá garantizarse tanto en las listas previas como en las candidaturas finales.
En una decisión que modifica el calendario político-electoral del estado, la elección judicial local será trasladada a 2028, específicamente al primer domingo de junio. El argumento planteado durante la discusión fue evitar que este proceso coincida con las elecciones ordinarias de cargos de representación popular y reducir la saturación logística.
La reforma también mueve piezas dentro del Tribunal de Disciplina Judicial. Su presidencia tendrá una renovación cada dos años y se elimina la intervención del Supremo Tribunal de Justicia como instancia revisora de las resoluciones del órgano disciplinario.
En materia de combate a la corrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción tendrá nuevamente representación del Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que en materia de soberanía se incorporan disposiciones para rechazar intervenciones o injerencias extranjeras que puedan afectar la independencia, el territorio o los procesos democráticos.
Otro de los frentes que gana rango constitucional es el ambiental. La reforma establece el derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente y coloca la educación ambiental como un componente de la política pública, con énfasis en sostenibilidad, corresponsabilidad social y cuidado intergeneracional.
Durante el debate, legisladores de distintas posiciones destacaron los alcances de la modificación. Juan Carlos Romero Hicks señaló que el proceso fue acompañado por más de 30 mesas de análisis en parlamento abierto, mientras que otros legisladores defendieron la incorporación de la extorsión al régimen de prisión preventiva y la transformación del proceso de selección judicial.
El diputado Rolando Fortino Alcántar puntualizó que la incorporación de la extorsión responde a la armonización con el artículo 19 de la Constitución federal y advirtió que la prisión preventiva, por sí sola, no resuelve el problema de seguridad si no está acompañada de investigaciones sólidas y fiscalías fortalecidas.
Con el voto unánime del Pleno, Guanajuato abre una nueva etapa constitucional: cambia las reglas de acceso y disciplina del Poder Judicial, endurece el marco frente a determinados delitos, ajusta las instituciones anticorrupción y convierte la educación ambiental en un mandato constitucional.
