Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunciara sobre la situación legal de los 59 millones de litros de hidrocarburo asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, cargamento que inicialmente fue presentado como un decomiso histórico relacionado con el huachicol, el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona, y el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, fijaron sus posturas y marcaron distancia respecto a las investigaciones del caso.
El secretario de Gobierno señaló que corresponde a las autoridades federales esclarecer los hechos, determinar la situación jurídica del combustible y establecer si existen responsabilidades derivadas del aseguramiento. “La postura del Gobierno de Guanajuato es que tenemos que seguir trabajando.
Hoy esa investigación la lleva FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), será quien tenga que dar los pormenores de cómo se deslindan responsabilidades”, expresó.
Jiménez Lona advirtió que el robo de hidrocarburos continúa siendo un desafío para las autoridades de todo el país, debido a que representa una fuente de financiamiento para los grupos delincuenciales.
En este sentido, aseguró que Guanajuato mantendrá el trabajo coordinado con la Federación para combatir este delito y atender los problemas de seguridad relacionados con el mercado ilegal de combustibles.
“Es una fuente de financiamiento para los grupos delincuenciales; seguimos en Guanajuato trabajando en conjunto y coordinados por la Federación, esa va a ser la ruta”, sostuvo.
Fiscalía de Guanajuato se deslinda del operativo
Por su parte, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, aseguró que tuvo conocimiento de la información sobre la situación legal del hidrocarburo a través de los medios de comunicación y de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El funcionario evitó emitir calificativos sobre las decisiones de las autoridades federales y señaló que debe mantenerse al margen de las valoraciones sobre un asunto que no estuvo bajo la intervención de la Fiscalía estatal.
“Yo debo mantenerme ausente de emitir ningún calificativo por respeto a la Federación”, declaró, al explicar que tampoco le gustaría que otras autoridades emitieran juicios sobre el trabajo que realiza la institución a su cargo.
Cuestionado sobre si la Fiscalía de Guanajuato participó en el aseguramiento de los 59 millones de litros de combustible, el fiscal respondió de manera tajante que no tuvo intervención en el operativo. “¿Participó la Fiscalía de Guanajuato? No, jamás”, afirmó.
Asimismo, al ser interrogado sobre una posible comparecencia o requerimiento relacionado con el caso, Vázquez Alatriste reiteró que no se trata de un asunto de su competencia.
Respecto a si la Secretaría de Seguridad y Paz del estado intervino en el decomiso, el fiscal manifestó desconocerlo y señaló que corresponde a esa dependencia informar sobre su eventual participación.
Investigación bajo responsabilidad federal
Con las declaraciones de ambos funcionarios, el Gobierno de Guanajuato dejó en manos de las autoridades federales el esclarecimiento del caso, cuya investigación está a cargo de la FEMDO.
El aseguramiento de los 59 millones de litros de hidrocarburo fue presentado inicialmente como un golpe histórico contra el huachicol; sin embargo, las posteriores declaraciones sobre la situación legal del combustible abrieron cuestionamientos acerca de las circunstancias del decomiso y las responsabilidades que pudieran derivarse.
Por ahora, las autoridades estatales han insistido en que corresponde a la Federación ofrecer información oficial sobre el desarrollo de las indagatorias y determinar qué ocurrió con el combustible asegurado en San José Iturbide.