El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Federal de Electricidad para que efectúen una revisión y reestructuración integral de las tarifas eléctricas aplicables a los organismos operadores de agua en el país a fin de establecer condiciones preferenciales que les permitan mejorar su viabilidad financiera, considerando su naturaleza pública y el que se tratan de instituciones sin fines de lucro, con el propósito de garantizar el derecho humano al agua.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Angélica Casillas Martínez mencionó que la misma busca que se fortalezca la viabilidad financiera de los organismos operadores, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional del derecho humano al agua.
La legisladora comentó que al garantizar a las mismas una estabilidad financiera, los operadores pueden realizar mantenimientos preventivos, ampliar redes en áreas desatendidas y adoptar soluciones sostenibles que protejan los recursos hídricos a largo plazo.
Además, añadió que al fortalecer a los organismos operadores se fomenta la confianza de los usuarios y facilita el acceso a financiamiento externo, ya sea a través de inversiones públicas, privadas o internacionales. Los organismos financieramente sólidos pueden demostrar su capacidad para administrar recursos de manera eficiente, lo que los convierte en candidatos confiables, dijo.
Casillas Martínez subrayó que el impacto de las tarifas eléctricas en los costos operativos puede ser especialmente crítico en regiones donde el agua se extrae de fuentes subterráneas profundas o donde las condiciones geográficas dificultan la distribución, por lo que en esos casos, los organismos operadores enfrentan costos elevados que, sin el respaldo de tarifas eléctricas preferenciales, pueden volverse insostenibles.
“Una estructura tarifaria eléctrica favorable permitiría a los organismos operadores redirigir recursos hacia prioridades como el mantenimiento preventivo, la modernización tecnológica, la extensión del servicio a comunidades sin cobertura y la implementación de sistemas más eficientes que optimicen el uso de agua”, finalizó la congresista.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.