El coordinador de las diputadas y diputados locales del PAN en el Congreso de Guanajuato, Jorge Espadas Galván, lanzó un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que “rompa el pacto criminal de López Obrador”, al asegurar que el país enfrenta una grave crisis de seguridad vinculada con presuntos nexos entre actores políticos y grupos del crimen organizado.
Desde tribuna, el legislador panista sostuvo que cualquier funcionario público que mantenga relaciones o brinde protección a estructuras criminales debe asumir responsabilidad y ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía.
“Quien desde la función pública se alía con la delincuencia organizada debe pedir disculpas públicas y ser sancionado de manera ejemplar”, enfatizó.
Espadas Galván afirmó que distintos medios nacionales han documentado presuntos vínculos entre funcionarios emanados de Morena y organizaciones criminales en entidades como Sinaloa, Tabasco, Jalisco y Veracruz, además de señalar versiones relacionadas con posibles nexos entre autoridades municipales y grupos delictivos.
El coordinador parlamentario del PAN señaló que la discusión sobre seguridad no puede minimizarse ni evadirse, al considerar que México atraviesa una crisis que exige acciones firmes y responsabilidad política frente a cualquier posible relación entre gobierno y delincuencia organizada.
“Para hablar de estos temas se debe tener la lengua larga y la cola corta”, expresó al reiterar que sostiene cada una de sus declaraciones realizadas en tribuna.
Asimismo, advirtió que continuará exhibiendo información y notas periodísticas relacionadas con presuntos vínculos criminales de actores políticos ligados a Morena, al tiempo que insistió en que todos los servidores públicos están obligados a contribuir a la construcción de la seguridad en el país.
“México requiere que usted rompa el pacto criminal de López Obrador”, reiteró el legislador dirigiéndose a la presidenta Sheinbaum.
Por su parte, el diputado Erandi Bermúdez Méndez acusó que Morena intenta minimizar los señalamientos contra funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado, pese a la existencia dijo, de investigaciones, cuentas congeladas y exfuncionarios refugiados en Estados Unidos.
El legislador también cuestionó lo que calificó como un doble discurso del oficialismo respecto a la presunción de inocencia y sostuvo que el país enfrenta un problema real de “narcogobernadores” que no puede seguir ocultándose ni justificándose políticamente.
