La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que fue recibida la iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas, con el objetivo de evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada participen en procesos electorales.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora adelantó que la propuesta será turnada a comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión durante el próximo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso de la Unión.
La iniciativa fue anunciada previamente por la mandataria federal durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, donde explicó que la reforma busca establecer mecanismos preventivos rumbo al proceso electoral de 2027.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, puntualizó la presidenta, quien señaló que esta propuesta se venía trabajando desde hace tiempo y se decidió enviarla de inmediato para que pueda aplicarse en las próximas elecciones federales.
La propuesta contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo dependiente del Instituto Nacional Electoral INE, que estaría integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General para un periodo de tres años.
Durante la presentación de la iniciativa, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que esta comisión funcionará como enlace entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, con el propósito de detectar posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada entre aspirantes a cargos de elección popular.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria las listas de aspirantes a candidaturas para que sean revisadas por autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV, el Centro Nacional de Inteligencia CNI y la Fiscalía General de la República FGR.
Estas instancias determinarán si existe o no un “riesgo razonable” respecto a posibles vínculos criminales. Posteriormente, la Comisión notificará a los partidos políticos sobre los resultados, aunque serán éstos quienes decidan finalmente si registran o no a determinada candidatura.
La iniciativa también establece como requisito obligatorio que quienes aspiren a una candidatura otorguen su consentimiento para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.
El proceso, precisó el gobierno federal, se desarrollará bajo estrictas condiciones de confidencialidad y con respeto al principio constitucional de presunción de inocencia, a fin de no vulnerar investigaciones ni el debido proceso.
El anuncio de esta reforma surge en medio del debate nacional generado tras la solicitud de detención y extradición de diez personajes políticos mexicanos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Dos de ellos ya se encuentran detenidos en territorio estadounidense, uno capturado y otro que se entregó voluntariamente.
