Después de más de 11 años sin alcanzar esta etapa judicial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró que Elena “N” fuera vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio del periodista José Gerardo “N”, conocido como “El Perro Negro”, ocurrido en el municipio de Comonfort en junio de 2015.
El avance representa un paso importante en el esclarecimiento de uno de los casos que permanecieron sin resolución durante más de una década.
La determinación judicial se produjo luego de que el Ministerio Público retomara los antecedentes de la investigación y desarrollara nuevas diligencias para reunir elementos que permitieran proceder legalmente contra la imputada.
La Fiscalía precisó que, de acuerdo con las indagatorias ministeriales, el móvil del crimen no estaría relacionado con la actividad periodística que desempeñaba la víctima.
Un crimen ocurrido en las oficinas de su periódico.
Los hechos se registraron durante la madrugada del 25 de junio de 2015, entre las 02:00 y las 03:00 horas, al interior de las oficinas del periódico El Tábano, del cual José Gerardo era propietario.
El inmueble se encontraba en la Plaza Comercial Nuevo Siglo, en la zona centro de Comonfort.
Según los datos integrados en la carpeta de investigación, el comunicador habría sido atacado por Elena “N”, con quien mantenía una relación de concubinato, y otra persona que presuntamente participó en la agresión.
La investigación señala que ambos habrían aprovechado el conocimiento previo que tenían de la víctima para atacarla con un objeto punzocortante, provocándole lesiones mortales en el cuello.
Prisión preventiva y dos meses para ampliar las indagatorias.
La detención de Elena “N” fue resultado de una revisión de los antecedentes del caso y de nuevas actuaciones estratégicas emprendidas por el Ministerio Público, que permitieron gestionar y ejecutar una orden de aprehensión.
Posteriormente, durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó la imputación y los elementos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó vincularla a proceso por el delito de homicidio calificado.
Como parte de las medidas dictadas, se impuso la prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que la imputada mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.
La investigación seguirá abierta.
La Fiscalía estatal sostuvo que las diligencias continuarán para esclarecer por completo el homicidio e identificar y llevar ante la justicia a todas las personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos.
Con este avance, las autoridades buscan dar respuesta a un caso que durante años permaneció pendiente de alcanzar una resolución en los tribunales, al tiempo que reiteraron que el paso del tiempo no elimina la obligación institucional de investigar los delitos y procurar justicia para las víctimas.
