Ante la realidad de que una de cada tres mujeres en México ha sufrido violencia obstétrica durante su último parto, la senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, junto con la senadora Jasmine Bugarín, presentó una iniciativa de reforma que busca combatir esta problemática desde la formación médica, la atención hospitalaria y el marco legal.
Durante su intervención en tribuna, Virginia Magaña señaló que la violencia obstétrica es una de las formas más normalizadas y menos visibles de violencia contra las mujeres en el país.
“Estamos hablando de mujeres que, en uno de los momentos más vulnerables de su vida, fueron ignoradas, humilladas, intervenidas sin su consentimiento y despojadas de su dignidad”, expresó.
La legisladora explicó que la propuesta reconoce que la violencia obstétrica no responde únicamente a casos aislados o errores individuales, sino a un problema estructural que durante años ha limitado la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Por ello, la iniciativa plantea no solo sancionar estas conductas, sino transformar las condiciones que las permiten, prevenir que se repitan y garantizar una atención médica basada en el respeto, la dignidad y los derechos humanos.
La propuesta contempla tres acciones principales. La primera es incorporar de manera explícita la violencia obstétrica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una modalidad específica de violencia institucional y de género.
La segunda consiste en reformar la Ley General de Salud para establecer que la formación y capacitación del personal médico incluya obligatoriamente contenidos en derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y atención ética, humanizada y libre de violencia.
Además, se busca modificar la Ley General de Educación Superior para que estos contenidos sean impartidos desde los primeros semestres de las carreras de ciencias de la salud y se apliquen durante prácticas clínicas, internado y servicio social.
“Cambiar la manera en que se enseña la medicina en México es intervenir en el origen mismo del problema. Es formar personal de salud como agentes éticos del cuidado, no como técnicos del cuerpo”, afirmó la senadora.
Virginia Magaña subrayó que la iniciativa también responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, en concordancia con recomendaciones de organismos como la CEDAW, el Comité DESC, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Las mujeres merecen tomar decisiones reproductivas en un contexto de respeto, autonomía y dignidad. Merecen ser tratadas como sujetas de derechos y no como objetos de intervención médica”, concluyó.